La declaratoria de Emergencia Social, regresiva, inconveniente y peligrosa
Editorial del periódico U-235 en su quinta edición
Cosa de volverse loco es este tema del sistema de salud colombiano, el cual poco tiene de sistema, pues hace aguas por sus múltiples fisuras, mientras sus componentes a cambio de interactuar, se estorban; mucho menos tiene de salud, hecho que se verifica con echar una ojeada a los debates actuales suscitados por la mal llamada emergencia social: dinero, contratos, multas, paquetes, protocolos e infinidad de artificios destinados a regular (llámese interferir) lo que milenariamente han venido haciendo los trabajadores de la salud en el mundo: atender los problemas que aquejan a la población.
Nuestro país por el contrario ha enfocado sus baterías en una maraña de normas hacia un fin distinto: que el sistema de salud no se salga de los cauces de lo que debe ser un negocio rentable. Poco se habla de los problemas de salud que con mayor severidad afectan a la población: de los millones de colombianos en situación de desplazamiento, de una violencia endémica, de la mortalidad evitable de niños, gestantes y adolescentes, de la malaria, el dengue, la tuberculosis y el VIH sida. Estos temas, a cambio de medidas de financiamiento, son los que deben estar contenidos en la agenda de la emergencia social de un gobierno comprometido ética y políticamente con los principios de un Estado Social de Derecho, situación que no parece ser vigente.
Es altamente preocupante que con las facultades que de manera excepcional otorga la constitución a los gobiernos, se trate de esquivar la real obligación del Estado para atender la salud de los ciudadanos. En la anterior entrega de U-235 abordamos lo relacionado con la sentencia T-760 de la Corte Constitucional y con cierto optimismo esperamos que la respuesta del Gobierno fuese coherente con los principios implícitos en la citada sentencia: universalidad, equidad, justicia social y eficiencia del sistema de salud. Leímos en la sentencia una posición progresiva y moderada hacia el cumplimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos. La respuesta del gobierno fue diametralmente opuesta.
Con la avalancha de decretos de la emergencia social salen ganando los que siempre han ganado: los actores “empresariales del sistema” sean aseguradores o prestadores, y pierden los profesionales de la salud que se ven severamente limitados en su autonomía profesional, quienes al momento de poner su saber al servicio de la búsqueda de mejor salud de la población deben hacerlo con la cautela (entiéndase miedo) que significa poner en riesgo su patrimonio personal y familiar si acaso consideran que el paciente requiere algo más de lo que el POS contiene. El gobierno arrincona al recurso básico del sistema de salud (los trabajadores) mientras que los intermediarios aplauden las medidas.
¿Y los pacientes? En el eventual caso de que algún médico se atreva a prescribir algún tratamiento no POS (que sea el momento para aclarar que este término inventado por los sabios del sistema no es sinónimo de servicio suntuario), el paciente hará un recorrido más complejo, lento y riesgoso del que actualmente tiene para acceder a la atención en salud, con el riesgo adicional que implica sobre su patrimonio personal y familiar el hecho de reclamar un servicio de salud.
Emergencia social muy inteligentemente planteada para disfrazar una crisis de financiamiento. Regresiva, inconveniente, desenfocada, peligrosa, ineficaz para atender los problemas estructurales de la población.
Que la Corte Constitucional nos libre.
